El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Motril ha dejado en libertad al investigado por la presunta comisión de un delito de incendio al sexagenario que la Guardia Civil detuvo a finales del pasado agosto como presunto responsable del fuego forestal de Los Guájares, en la comarca de la costa, en septiembre de 2022.
Se trata de un hombre que había sido bombero forestal y que, en la fecha del suceso, cuando ardieron unas 5.100 hectáreas de la sierra de dicha localidad y en los municipios de Albuñuelas, El Valle, El Pinar y Vélez de Benaudalla, en el Valle de Lecrín, trabajaba en labores de prevención.
Desde su detención se encontraba en libertad a la espera de que la juez le tomara declaración, lo cual ocurrió, según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, el pasado jueves.
El incendio se inició en el paraje conocido como Barranco Girón, en concreto el 8 de septiembre del pasado 2022, y permaneció activo durante 27 días, hasta que se dio por extinguido el 5 de octubre.
Según informó la Guardia Civil en una nota de prensa tras su detención, a finales de agosto de 2023, daba inicio tras la extinción la investigación ‘Oasis perdido’, que es el nombre de la operación del equipo de Policía Judicial Medioambiental del Seprona, que identificaba un año después al investigado.
En la investigación colaboraron efectivos de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el cual incorporó un análisis forense llevado a cabo con medios técnicos habitualmente empleados en investigaciones complejas, como homicidios y otras relativas al crimen organizado.
La investigación fue de las más complejas afrontadas en los últimos años por la Guardia Civil, llegando a recoger más de cien testimonios durante la misma. El análisis de numerosos informes técnicos y de evidencias físicas dejadas por las llamas, y las reconstrucciones ‘in situ’ fueron clave para la identificación del punto de inicio.
También el empleo de técnicas de investigación para crímenes complejos, han permitido a los agentes reunir diferentes indicios y sitúan al detenido «de manera inequívoca» en el lugar y hora del inicio del incendio, «descartando la participación de terceras personas».
En el incendio, dirección de extinción decretó el nivel 1 de alerta debido a la gravedad del siniestro, y se activaron medios de extinción del Infoca de diferentes puntos de Andalucía, viéndose movilizados por jornadas más de un centenar de medios aéreos, tales como aviones anfibios y de carga en tierra, aeronaves de coordinación y helicópteros de extinción, además de cientos de autobombas, y bulldózers con «el esfuerzo sostenido de infinidad de bomberos forestales y bomberos».
La Guardia Civil trabajó en perimetrar la zona para garantizar la seguridad, participar en la evacuación de personas, mantener la seguridad del tráfico y, en definitiva, prevenir que el incendio pudiera cobrarse víctimas humanas.
Por la magnitud y peligrosidad del fuego tuvieron que ser evacuadas personas de cortijos y viviendas aisladas de la zona, siendo necesario incluso confinar a los habitantes de las pedanías de Acebuche e Ízbor.