La Plataforma “Di NO a las Torres” exige la paralización inmediata de las obras para la instalación de “megamolinos” en Villamena
El proyecto pretende instalar cincomolinos de 6,1 MW, los más grandes proyectados en la provincia de Granada lo que consideran una amenaza sobre el entorno, la legalidad y la población de Cozvíjar
La Plataforma “Di NO a las Torres” denuncia la ejecución de más de 100.000 m² de obras “ilegales por parte de la empresa CUERVA en el término municipal de Villamena, con el consentimiento del Ayuntamiento, a pesar de que estas actuaciones carecen de licencias urbanísticas, informes ambientales preceptivos y afectan a espacios especialmente protegidos”, explican en un comunicado.


Tal y como informan en el escrito, el proyecto pretende instalar cinco megamolinos de 6,1 MW, los más grandes proyectados en la provincia de Granada. La Plataforma alerta del riesgo inminente de contaminación acústica, que sufrirá la población de Cozvíjar, situada a solo 2 kilómetros. Aunque las molestias actuales provienen de maquinaria y obras, los ruidos de baja frecuencia que generan este tipo de aerogeneradores afectarán de forma permanente al descanso, la salud y el bienestar de los vecinos. También, aseguran, está en juego el modelo de vida y desarrollo del Valle de Lecrín: el proyecto destruye paisaje, amenaza el turismo rural y pone en peligro la fauna de la cercana Laguna de Padul, refugio de aves protegidas y espacio de alto valor ecológico.

“Desde la Plataforma exigimos la paralización inmediata de las obras, la apertura de expedientes sancionadores tanto a la empresa promotora como al Ayuntamiento de Villamena por su complicidad, y la protección efectiva del territorio frente a estos atropellos”.
Por otra parte, también advierten acerca de las obras se están llevando a cabo en la zona de policía del Arroyo Alcázar, “donde está prohibido intervenir sin autorización expresa de la Confederación Hidrográfica del Sur, lo que constituye una infracción grave de la normativa de aguas”.
El acalde de Villamena, Manuel Luis Vílchez, ha negado rotundamente las acusaciones, “todo lo que se está haciendo en Villamena cuenta con su correspondiente licencia y declaración de Bien de Interés Social por parte de la Junta de Andalucía. La “Ley para el Impulso de la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía” (LISTA), aprobada por la Junta de Andalucía, limita las competencias de los ayuntamientos a la hora de autorizar proyectos a desarrollar en sus municipios. La LISTA nos marca la diferencia entre nuevo proyecto de actuación ordinario o extraordinario, los proyectos eólicos, fotovoltáicos y mineros vienen ya declarados bien de interés social, mientras que cumplan con la legislación vigente son licencias regladas a las que el Ayuntamiento tiene que dar el sí o sí salvo que tengamos un Plan General de Ordenación Urbana que cuente con suelo es especialmente protegido. Villamena no tiene ese sistema para la protección para ese suelo por eso estamos expuestos y cualquier licencia que venga reglada, siempre que cumpla con la ley, tenemos que autorizarla porque si no me acusarían de prevaricación a mí y no estoy dispuesto a eso”, asegura el alcalde.
En cuanto a la zona policial de zona de servidumbre de la actuación del arroyo Alcázar, Luis Vílchez explica que “son los técnicos de la Junta de Andalucía los que han decidido que sea de 5 metros de paso de servidumbre a lado y lado de cada río. El vecino o vecina afectada que no esté de acuerdo es quien tiene que poner una reclamación ante la Junta de Andalucía que contestará las alegaciones porque desde el Ayuntamiento no tenemos competencias sobre el río”.
Por último el alcalde ha querido aclarar que en el ayuntamiento no se ha recibido petición alguna de paralización «no nos consta ninguna petición de paralización por parte de ninguna plataforma ni de ningún vecino para para evitar absolutamente nada. Lo más lógico es que este tipo de peticiones se realicen en los organismos y administraciones competentes en cada caso»,ha explicado Manuel Luis Vílchez.

