Mari Carmen y la lección que no deberíamos olvidar

Hace más de setenta años, Winston Churchill dejó una frase que parece escrita para nuestro tiempo: «Las casas se construyen con ladrillos, mortero y buena voluntad, no con política, prejuicios y rencor». Quizá esa sea, después de todo, la lección que Mari Carmen ha venido a recordarnos

FOTO. Zarateman / Wikimedia Commons (CC0)

Cada día aumenta un poco más mi capacidad de asombro ante lo que está ocurriendo en España. El caso de Mari Carmen, la mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, ha terminado convirtiéndose en el símbolo de un problema que, en realidad, es mucho más profundo que un desahucio.

Conviene empezar por algo elemental que a veces olvidamos entre cifras, contratos y consignas: detrás de cada vivienda hay personas. Y cuando una mujer de 87 años tiene que abandonar la casa que ha sido su hogar durante toda una vida, algo falla. Puede que jurídicamente todo se haya hecho conforme a las reglas establecidas, pero una sociedad también debe preguntarse si sus reglas son capaces de encontrar una respuesta humana para situaciones excepcionales.

Afortunadamente, en este caso apareció finalmente una solución negociada. La empresa propietaria y los representantes de Mari Carmen alcanzaron un acuerdo que permitirá su regreso a la vivienda, con un alquiler de unos 500 euros mensuales cuando reciba el alta hospitalaria. Quizá esa solución, precisamente por haber llegado después de tanta tensión, nos permita hacernos una pregunta sencilla: ¿no habría sido posible encontrarla antes?

Porque negociar no significa renunciar a los derechos. Significa intentar conciliarlos. Vivimos en una economía de mercado en la que existen propietarios e inquilinos, y ambos tienen derechos y obligaciones. No todos los propietarios son grandes fondos de inversión, como tampoco todos los inquilinos son familias vulnerables. Hay pequeños propietarios que alquilan una vivienda para completar sus ingresos y personas que necesitan desesperadamente encontrar un hogar que puedan pagar. Meter a todos en el mismo saco solo sirve para alejarnos de las soluciones.

Por eso me preocupa que el drama de Mari Carmen haya terminado convertido en una batalla de trincheras. La indignación es comprensible y manifestarse es un derecho, pero también lo es trabajar. La Puerta del Sol pertenece a todos, incluidos los comerciantes y trabajadores de la zona, muchos de ellos con sus propias dificultades para llegar a fin de mes, que pueden ver seriamente afectada su actividad por una ocupación multitudinaria de un espacio público. El derecho a protestar debería convivir con el derecho de los demás a trabajar y disfrutar de los espacios públicos.

El Sindicato de Inquilinas ha convertido el caso de Mari Carmen en el punto de partida de una movilización mucho más amplia. Tras el rechazo parlamentario de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, ha llamado nuevamente a la movilización y plantea incluso una futura huelga general. Más allá de que se compartan o no sus métodos o sus propuestas, sería un error ignorar el malestar social que existe detrás de esas movilizaciones.

La verdadera pregunta es otra: ¿qué hacemos con ese malestar? Los decretos rechazados por el Congreso pretendían introducir distintas medidas de protección y estabilidad para los inquilinos. Su rechazo pone de manifiesto que no existe un consenso político suficiente sobre el camino que debe seguirse. Y quizá precisamente por eso haya llegado el momento de buscar soluciones que puedan reunir acuerdos más amplios y sobrevivir a los cambios de Gobierno.

Aquí está, a mi juicio, la cuestión fundamental: España necesita mucha más vivienda pública en alquiler. Si queremos que una familia vulnerable pueda acceder a una vivienda a un precio razonable, la solución no puede consistir únicamente en pedir a los propietarios privados que soporten indefinidamente el coste de un problema que es de toda la sociedad. Tampoco parece suficiente intentar contener por decreto una realidad económica tan compleja como el mercado inmobiliario.

El Estado dispone de instrumentos mucho más poderosos: suelo público, fiscalidad, planificación urbanística y capacidad de inversión. ¿Por qué no utilizarlos de manera decidida para construir un gran parque de vivienda pública en alquiler? Viviendas destinadas prioritariamente a quienes realmente las necesitan y con precios vinculados a sus posibilidades económicas.

También podría utilizarse la fiscalidad para favorecer los alquileres asequibles y estimular que las viviendas lleguen al mercado. No se trata de enfrentar al propietario con el inquilino, sino de crear las condiciones para que alquilar a un precio razonable resulte atractivo y seguro para quien pone su patrimonio en el mercado.

Y quizá haya que revisar algunas prioridades presupuestarias. Cada euro público tiene un coste de oportunidad. Antes de multiplicar ayudas dispersas, deberíamos preguntarnos si una parte de esos recursos no estaría mejor invertida en construir viviendas que permanezcan durante décadas al servicio de las familias.

Porque una vivienda pública no es una subvención que desaparece cuando se agota el presupuesto. Es patrimonio. Es una inversión que puede pasar de una familia a otra, de una generación a la siguiente. Y es, sobre todo, una manera de que el Estado intervenga en el mercado sin tener que decidir cuánto debe cobrar cada propietario particular.

Mari Carmen nos ha recordado algo que a veces olvidamos entre decretos, manifestaciones y consignas: una vivienda no es solamente un activo financiero. Es también un hogar, un refugio, un lugar donde se construye una vida. Pero tampoco puede dejar de ser un patrimonio legítimo para quien ha invertido sus ahorros en ella.

Entre esos dos derechos debería existir un espacio para el acuerdo. Mari Carmen volverá, previsiblemente, a la casa donde ha vivido durante más de setenta años. Ojalá su historia sirva para algo más que para llenar durante unos días las calles de pancartas y protestas. Ojalá sirva para que comprendamos que el problema de la vivienda no se resolverá enfrentando a propietarios contra inquilinos, ni a Gobierno contra oposición, ni a unos españoles contra otros. Se resolverá construyendo casas. Y también construyendo acuerdos.