Cuando la democracia deja de escuchar

La extrema derecha no crece solamente porque haya más extremistas. Crece también porque las democracias han dejado espacios vacíos: el de la seguridad, el de la identidad, el de la igualdad ante la ley, el de la autoridad legítima y, sobre todo, el de la confianza

Hay algo profundamente inquietante en el auge de la extrema derecha en Europa, Estados Unidos y buena parte del mundo occidental. Y quizá lo más inquietante no sea que exista, sino que millones de ciudadanos estén empezando a considerarla una alternativa de gobierno.

Durante décadas nos acostumbramos a pensar que la historia avanzaba en una sola dirección: más democracia, más derechos, más bienestar, más tolerancia. Parecía que el pasado autoritario había quedado atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa construyó sobre sus ruinas un extraordinario edificio político y social. El Estado de bienestar, la sanidad pública, la educación, las pensiones y la protección de los más vulnerables fueron algunos de sus grandes logros.

Pero toda obra humana puede deteriorarse cuando quienes la administran olvidan para qué fue construida.

La democracia nació como una forma de devolver al ciudadano una parte del poder que pertenecía a unos pocos. No para hacer felices a los hombres —ningún sistema puede garantizarlo—, sino para permitirles vivir con libertad, dignidad y seguridad bajo unas leyes comunes. Y ahí comienza nuestra contradicción.

Las democracias occidentales han multiplicado derechos y prestaciones, pero también han generado una creciente sensación de abandono. El ciudadano que trabaja, paga impuestos y cumple las reglas comienza a preguntarse si son iguales para todos. El jubilado que ha ahorrado durante toda su vida contempla con preocupación su pensión. Una familia que no llega a fin de mes observa determinadas ayudas y se pregunta por qué algunos parecen recibirlas con mayor facilidad que quienes llevan toda una vida sosteniendo el sistema.

Tal vez no sea siempre una percepción justa. Pero la política no puede ignorar las percepciones cuando se convierten en millones de votos. Porque el populismo, y especialmente el de extrema derecha, ha comprendido algo que las democracias tradicionales parecen haber olvidado: el miedo también vota.

Miedo a perder el trabajo. A la inseguridad. A que cambie demasiado deprisa el lugar donde uno ha vivido siempre. A una inmigración cuyas reglas parecen poco claras. A que los hijos vivan peor que sus padres. Incluso a expresar determinadas opiniones por temor a ser señalado. Cuando alguien tiene miedo y siente que nadie le escucha, aparece quien promete escucharle.

Por eso resulta peligroso convertir el «cordón sanitario» en la única respuesta frente a la extrema derecha. Una democracia debe defenderse de quienes quieren destruirla, pero no debería olvidar que los partidos que obtienen votos dentro de las reglas democráticas representan, aunque nos incomode, a una parte de la sociedad. Excluir políticamente a millones de ciudadanos sin preguntarse por qué han llegado hasta allí puede resolver un problema parlamentario, pero no el problema social.

La pregunta fundamental no es si debemos permitir que gobierne la extrema derecha. Es mucho más incómoda: ¿qué estamos haciendo para que tanta gente quiera que gobierne?

En España existe, además, una preocupación que no puede despacharse con consignas: la inmigración. Defender una política migratoria ordenada no debería convertir a nadie en xenófobo. Una sociedad democrática tiene derecho a proteger sus fronteras, exigir el cumplimiento de sus leyes y determinar quién puede entrar, permanecer y trabajar. Y tiene, por la misma razón, el deber de tratar con dignidad a quien llega y perseguir cualquier discriminación o abuso.

Una frontera sin ley produce inseguridad. Una frontera sin humanidad produce injusticia. Una democracia necesita ambas cosas: ley y humanidad.

Lo mismo ocurre con la seguridad ciudadana. Hay situaciones que, aunque excepcionales, se convierten en símbolos de injusticia. Pensemos en quien, después de toda una vida de trabajo, ha conseguido una segunda vivienda para alquilarla y complementar su pensión. Si esa vivienda es ocupada por una familia o grupo vulnerable y su propietario encuentra enormes dificultades para recuperarla, la protección del vulnerable puede transformarse, a sus ojos, en el abandono de quien también necesita protección.

Mientras tanto, puede seguir soportando suministros, impuestos y mantenimiento. Quien durante cuarenta años ha cumplido sus obligaciones puede llegar a sentir, paradójicamente, que aquello que consiguió con su esfuerzo se ha convertido en una carga.

No se trata de enfrentar al vulnerable con el propietario ni de negar la protección a quien realmente la necesita. Una sociedad decente debe hacerlo. Pero proteger al débil no debería significar desamparar a quien cumple la ley. La justicia social no puede construirse haciendo que unos ciudadanos paguen indefinidamente el precio de la protección de otros.

Cuando el ciudadano percibe que la ley protege más al que la incumple que a quien la respeta, la confianza se resquebraja. Y cuando la Administración parece incapaz de resolver problemas cotidianos mientras dedica esfuerzos a cuestiones que muchos consideran alejadas de sus necesidades, aparece una sensación devastadora: la de que quienes gobiernan viven en un país diferente.

Ahí encuentra la extrema derecha su oportunidad. No necesita convencer a todos. Le basta con señalar las grietas.

Si la respuesta a esas preocupaciones consiste simplemente en llamar fascista, xenófobo o ignorante a quien las expresa, habremos ganado una discusión y perdido una generación.

La democracia no se salva silenciando el descontento. Se salva escuchándolo, corrigiendo aquello que sea injusto y demostrando que las instituciones todavía sirven para algo esencial: hacer que el ciudadano vuelva a creer que las reglas son de todos y para todos.

Porque cuando una democracia deja de escuchar a sus ciudadanos, otros terminan hablándoles al oído.

Y conviene recordar a Winston Churchill: «La democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las demás que se han probado de vez en cuando».

No es una defensa complaciente de la democracia. Es una advertencia: si queremos conservarla, tendremos que hacer que vuelva a merecer la pena.